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LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA

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La lucha por la democracia

El movimiento popular viene de una derrota histórica, que significó para él el desmantelamiento de sus vanguardias y el sacrificio de sus cuadros y dirigentes. El fin de las dictaduras ha sido, en buena parte, obra suya, en especial merced a los combates que libró en los últimos ocho años. Pero en él concurrieron también otros factores, como vimos anteriormente, cuya fuerza y presencia las fuerzas populares intuyen, sin que —melladas en su capacidad de análisis y elaboración táctica por la destrucción de la izquierda— sean capaces de identificarlos con claridad para, a partir de ahí, trazarse una línea de acción. Peor todavía: su desarrollo reciente ha dividido y dispersado a las fuerzas populares, creando obstáculos para que puedan proyectarse en el plano político con su fuerza real; lo que las lleva a manifestarse como movimiento tan sólo en coyunturas críticas.

La división y dispersión del campo popular fueron impuestas por los militares, en su afán de suprimir cualquier tipo de oposición organizada. Reprimidos y perseguidos, los ciudadanos se refugiaron en sus últimos reductos, aquellos de los cuales no se les podía expulsar: la fábrica, la vivienda, la escuela, para iniciar desde allí un esfuerzo de resistencia a la violación de sus derechos y, luego, de defensa abierta de estos. Ello supuso una labor de organización por la base del movimiento popular, que le permitiría, en el futuro, empeñarse en las grandes campañas democráticas.

La sustentación social endeble de las dictaduras y el conjunto de factores nacionales e internacionales que conspiraron contra su permanencia aceleraron el curso del proceso y llevaron a resultados que rebasaban con mucho la capacidad real de acción del movimiento popular. Este, debió ingresar, pues, en una nueva etapa antes que su proceso de renovación y reestructuración estuviera cumplido. Mucho de su accionar quedó ligado a sus intereses inmediatos, corporativos, sin llegar a aquel punto en que estos se trastocan en objetivos sociales y políticos de alcance más general. La sustitución de sus viejos dirigentes por los nuevos cuadros forjados en las luchas de resistencia todavía no había culminado cuando debió continuarse en la nueva etapa, con lo que sus distintos sectores perdieron unidad de dirección.

La complejidad de los elementos que forman el movimiento popular y la transformación reciente de sus condiciones de vida, aún no asimilada como experiencia, hicieron el resto. Esto se aplica tanto a las nuevas clases medias asalariadas, que se ampliaron notablemente en los últimos años a costa de la burguesía mediana y pequeña o de la misma clase obrera, como al proletariado industrial, que debió asimilar nuevos contingentes urbanos y rurales en proporciones desmesuradas. Pero se aplica también al proletariado rural y al campesinado pobre, así como a los estratos medios y pequeños de la burguesía.

Es por ello el ascenso del grado de organización y combatividad de las masas de América Latina, particularmente notable desde el último tercio de los años setentas, no ha sido suficiente para neutralizar la ofensiva ideológica y política de la gran burguesía. Esta ha podido intervenir en un momento en que la conciencia crítica del pueblo respecto al sistema que lo oprime y explota apenas comenzaba a aflorar y sólo en algunos sectores de punta esbozaba una respuesta radical. La burguesía asumió las aspiraciones populares y da ahora su respuesta, que las diluye y deforma, ofreciendo reformas liberales ahí donde comenzaban a plantearse exigencias de participación, democracia y socialismo.

Pero no hay fenómeno en la vida social que no tenga dos signos. Si la experiencia molecular y marcadamente reivindicativa del movimiento popular se constituyó en factor negativo para su unificación, al momento de inicio de la redemocratización, le proporciona, en cambio, las premisas para una estrategia de lucha por el poder y para un proyecto nuevo de sociedad. Al lado de sus organizaciones tradicionales, como los sindicatos, el movimiento popular cuenta con órganos de todo tipo, que debió crear para asegurar su derecho a la vivienda, al transporte, al abastecimiento, a la distribución de luz y agua, los cuales le confieren una capacidad insospechada para comprender, manipular y controlar los complejos mecanismos de producción y circulación de bienes y servicios. Así, cuando la burguesía le plantea hoy un modelo de sociedad que pretende traspasar a la iniciativa privada esos mecanismos o ponerlos bajo la tutela de un Estado centrado en el parlamento, donde ella es soberana, el movimiento popular está en condiciones de contraponer su propio esquema de organización social, basado en la organización de los ciudadanos en torno a sus intereses inmediatos y en su participación directa en las instancias pertinentes de decisión.

Habrá, quizá, que plantearse una fase intermedia, dictada por la correlación de fuerzas, y que consiste en convertir esos órganos de democracia participativa en instrumentos de presión y control sobre el aparato de Estado, antes de lograr acceso al nivel pleno de la toma de decisiones. Pero, aun así, ello abre al movimiento popular un camino propio, independiente, entre las posiciones de la burguesía y de las Fuerzas Armadas en torno al problema de la privatización del Estado. La experiencia de los pueblos latinoamericanos les ha enseñado que la concentración de poderes en manos del Estado, cuando éste no es suyo, sólo refuerza la máquina de opresión de la burguesía. Debilitarlo hoy, restarle fuerza económica y política, no puede, pues, sino interesar en el más alto grado al movimiento popular, siempre y cuando ello implique la transferencia de competencias, no a la burguesía sino al pueblo. Por ello, frente a la privatización o la simple estatización, el movimiento popular plasma sus intereses en la propuesta de un área social regida por el principio de la autogestión y por la subordinación de los instrumentos de regulación del Estado a las organizaciones populares.

En la lucha por su propuesta democrática, el movimiento popular necesita más que nunca de su unificación en el plano social y de la reconstitución de sus direcciones políticas. La reorganización de la izquierda es hoy un imperativo para que la idea de democracia, tal como se ha abierto paso en la conciencia popular latinoamericana, se convierta en realidad. En ello, naturalmente, la responsabilidad mayor es de la izquierda misma. A ella le cabe reflexionar sobre la rica experiencia que ha sido la suya, en estos años, sacando las lecciones que allí se encierran, y abrirse sin prejuicios de ninguna especie a la comprensión de la evolución real del movimiento popular, en el periodo reciente. El otro camino, el de la discusión doctrinaria, que la izquierda se ve tantas veces tentada a trillar, no le abre perspectivas reales de desarrollo.

En ese proceso cabe, sin duda, repensar la tendencia que ha sido la de la izquierda de los años sesenta en el sentido de privilegiar las tareas económicas en la lucha revolucionaria, el uso del Estado como factor primordial de transformación y la visión del hombre primariamente como entidad socioprofesional. La realidad última de la lucha de clases adviene del proceso productivo y no está en discusión la definición del individuo como obrero o campesino. Pero obrero o no, campesino o no, el individuo es hombre o es mujer, es blanco, indio o negro, es un animal que requiere condiciones ecológicas adecuadas a su sobrevivencia, entre muchos otros aspectos. Como tal, le es lícito y necesario participar en movimientos y organizaciones centrados en exigencias particulares y específicas, aunque sólo en un plano recobre su unidad, sólo allí reintegre sus distintas facetas en un todo indivisible: en cuanto ciudadano, miembro integral de la sociedad política. En un mundo dividido en clases y grupos, no le es dada la participación directa como ciudadano en la sociedad y en el Estado, pero sí como miembro de un partido político que se proponga abolir esas clases y marchar hacia la supresión del Estado.

Partidos y organizaciones sociales no son entidades antagónicas; son, por el contrario, fenómenos referidos a distintos ámbitos de la vida real, a distintas dimensiones e instancias de la participación del individuo en la sociedad. Contraponerlos en la óptica autonomista, o jerarquizarlos y subordinarlos entre sí, al viejo estilo de la izquierda, no puede sino obstaculizar a unos y otras y conducir al individuo y su práctica social hacia la desintegración. Asumir su desarrollo interdependiente y armónico apunta, inversamente, a la recuperación del hombre integral en su diversidad y riqueza y permite aspirar a la construcción de una sociedad que le ofrezca el amplio espacio que él requiere.

Éste es el reto que está planteado a la izquierda latinoamericana y que, si responde bien a él, le permitirá triunfar allí donde otros han fracasado: formular un proyecto independiente y alternativo al simulacro de democracia que pretende imponer la burguesía. No se puede prever todavía su diseño, que deberá surgir de las luchas concretas que se están librando. Pero, aunque rechazando las trampas con que la burguesía busca confundir las aspiraciones de las masas, tal proyecto, habrá de rescatar las conquistas históricas que las masas han logrado ya en el seno de la sociedad burguesa. Del mismo modo, descartará los planteamientos dogmáticos y sectarios que hacen de la unidad punto de partida, al revés de —comenzando por el reconocimiento de las tendencias políticas y corrientes ideológicas existentes— hacer del pluralismo el criterio fundamental de una práctica social libre y solidaria.

En tal proyecto, democracia y socialismo reasumirán su verdadero significado, que hace de una la contrapartida necesaria del otro, y se plantearán no sólo como visión prospectiva de un orden social deseado, sino también y sobre todo como expresión programática de lo que mueve a los hombres en su vida todos los días.