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Cuando Chile volvió a la democracia, en marzo de 1990, el poder legislativo
reabrió sus puertas por primera vez en dieciséis años. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 había puesto fin a uno de los períodos de gobierno democrático más largos de América del Sur. El Congreso chileno, que funcionó en forma prácticamente continua entre 1823 y 1973, era históricamente uno de los cuerpos legislativos más fuertes del continente. Su papel fue clave en
el desarrollo y mantenimiento de la democracia, y servía como escenario para la resolución de conflictos en un sistema político sumamente dividido, al canalizar demandas y fomentar las negociaciones, los compromisos y el consenso.

Desde que se promulgó la Constitución chilena de 1925 y hasta el quiebre democrático de 1973, el poder legislativo fue sistemáticamente reducido por sucesivas reformas constitucionales, que acordaron poderes crecientes al ejecutivo a
sus expensas. La Constitución de 1980 se ajusta bien a la evolución histórica del poder presidencial en Chile y establece el marco presidencial más fuerte desde la
década de 1890. Con posterioridad, las reformas de la Constitución en 1989 y 1991 limitaron ligeramente el alcance del poder presidencial al eliminar la capacidad del presidente de disolver la Cámara de Diputados durante su gobierno, restringir la capacidad
del presidente de proscribir los derechos civiles durante el estado de sitio, e impedirle el uso del exilio forzado en períodos de crisis. Además, las reformas aumentaron el número de senadores elegidos por voto popular, acotando el poder e influencia de aquellos designados por el presidente. Sin embargo, la Constitución de 1980 todavía brinda al presidente la más amplia gama de poderes legislativos
en la historia moderna de Chile. Por lo tanto, en teoría, la estructura institucional del Chile actual no solamente está sujeta a las tensiones que identifican los abogados del parlamentarismo, sino que también constituye una variedad especialmente
problemática de presidencialismo.
Todo esto plantea interrogantes con respecto al futuro de la democracia chilena, su potencial duración, su estabilidad y su calidad. ¿Por qué es que el régimen presidencial del período posterior a la dictadura ha funcionado tan bien hasta ahora?
¿Por qué no han surgido los problemas que los teóricos asocian a un presidencialismo exagerado? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de un poder presidencial exagerado y de la debilidad legislativa, en lo que toca a la gobernabilidad y a la democracia, en el contexto de un arraigado sistema multipartidista?